El viernes 18 de junio culminó la 99 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza. La OIT hace parte el sistema de Naciones Unidas, pero tiene una particularidad, es tripartito, esto es, no sólo participan los Estados, sino también los empleadores y trabajadores de cada país, a través de sus organizaciones más representativas.
Este año, cuatro temas concentraron las discusiones de la conferencia.
En prmer lugar, las políticas de empleo para la justicia social, debate tuvo lugar en un contexto signado por las graves repercusiones de la crisis financiera en la economía mundial, en el empleo y los ingresos de los trabajadores. Además de contribuir a un muy completo diagnóstico de la situación, identificó las tendencias y desafíos en esta materia. Muy importante sería un amplio debate nacional a partir de las conclusiones de la OIT en este tema, este debería ser una prioridad de la agenda pública en nuestro país, donde el desempleo del 12%, es el más alto de América Latina, y donde los bajos ingresos, la informalidad y la desprotección social afectan a las dos terceras partes de los trabajadores/as.
En segundo lugar, se trató el tema del trabajo decente para los trabajadores/as domésticos, una discusión que buscó la adopción de un convenio y una recomendación que proteja los derechos mínimos de estos trabajadores/as. Esta discusión será retomada el año entrante. Colombia, gracias a la progresista jurisprudencia de la Corte Constitucional, cumple a cabalidad los estándares hasta ahora discutidos, y es de esperar que el gobierno promueva la adopción de esta importante norma, que contribuirá a hacer justicia con millones de trabajadores/as en el mundo.
En tercer lugar, y en materia de producción normativa, la 99 Conferencia adoptó una recomendación sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo, una valiosa norma que busca eliminar la discriminación y proveer de protección y asistencia médica a las millones de personas que viven con VIH/SIDA. En este tema son algunos los progresos que Colombia tiene en materia legislativa, y sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero que en todo caso implicará al Estado colombiano revisar y ajustas sus acciones.
Finalmente, se dio la discusión de la Comisión de Normas de la Conferencia sobre el incumplimiento de los convenios internacionales del trabajo en 25 países. Esta lista de 25 países se define a partir del informe de la Comisión de Expertos de la OIT, y de la negociación que realizan los representantes de los trabajadores y de los empresarios.
Colombia estuvo incluida en la lista de países que serían examinados este año por el incumplimiento del convenio 87 sobre libertad de asociación; sin embargo, los empresarios vetaron el caso de Colombia, logrando que en el acuerdo final de la lista se excluyera, a cambio de la aceptación por parte del gobierno de una misión tripartita de alto nivel. La realidad es que el Estado colombiano no ha cumplido las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, y esta realidad no cambia por no haber quedado incluido en la lista.
Como se puede apreciar, el balance de la Conferencia no se reduce a si Colombia fue o no incluida en la lista de 25 países. La agenda que resulta, está llena de temas y propuestas innovadoras y urgentes que contribuyen al logro del trabajo decente para todos.
En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.
Hace tiempo que se disputa la relación entre pobreza y violencia en todo el mundo, y en Colombia con más veras. Basta repasar la saga intelectual sobre el asunto desarrollado por la estirpe de los violentólogos que los hay de derecha y de izquierda. Ésta marchó en paralelo con la trágica descendencia de los Buendía que globalizó Gabriel García Márquez con el éxito literario de Cien años de soledad.
Cuando la seguridad y la defensa de una nación se define como Política de Estado, se le fijan los propósitos y metas, la estrategia y la táctica operativa, los planes y programas institucionales y, no importa cual sea el gobernante de turno, la política debe marchar adelante en el cumplimiento de sus postulados generales.
El Presidente de la Universidad de Georgetown tiene el agrado de informar a su distinguida clientela, formada por dictadores, genocidas, violadores de derechos humanos, terroristas de Estado, torturadores y periodistas (por aquello de ser sicarios de pluma y micrófono) de empresas como CNN, RCN, Caracol, Globovisión, Clarín, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Tiempo, Fox News y otros cuya lista se me haría interminable nombrar en esta ocasión, sin incurrir en injustas exclusiones, que a partir del próximo primero de septiembre se integrará a nuestra nómina académica el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como cafredrático de nuestra honorable institución.
Que los organismos internacionales dispuestos para el mantenimiento de la paz en el mundo no sean particularmente eficaces, no es un misterio para todos los que, sintonizando sus televisores sobre los noticieros de cualquier canal, se han dado cuenta que el planeta nunca ha cesado de estar en guerra.
