La marcha organizada por las centrales obreras, organizaciones sociales y sindicales del país fue más nutrida que la del pasado 6 de febrero, para exigir la derogatoria de los decretos de emergencia social, marcharon miles de persona en todo el país.
¡Abajo el falso positivo de la emergencia social en salud! Coreaban los trabajadores de ANTHOC, quien a través de su presidente Yesid Camacho celebró la multitud que hizo parte de la marcha “es una muestra del descontento general del país por la emergencia que busca darle más dinero a las EPS disminuyendo las garantías de la salud de la población” manifestó.
Aunque la protesta se inició en su gran mayoría desde el Ministerio de la Protección social, fueron varios los lugares de concentración para que los manifestantes caminaran hacía la Plaza de Bolívar, la avenida la Esperanza desde Corferias fue bloqueada por los trabajadores del acueducto que se reunieron allí para iniciar las marchas.
La calle 34 también se vio afectada por las protestas que gritaban en todo momento ¡La salud no es un favor, es un derecho! ¡La educación es pública y es para todos! Así como se exigía con gritos constantes no a la reelección y si a la destitución del Ministro de Protección Diego Palacios.
Todas las organizaciones marcharon encabezadas por la CUT, la CTC, la CGT y la CPC, así como ANTHOC representante de los trabajadores de la salud, ADE y FECODE representantes del sector educativo, Sintraelecol por el sector energético, UNEB organización de los trabajadores bancarios y muchas más de todos los rincones del país que también apoyaron las luchas de los trabajadores estatales y su sindicato.
Manuel Contreras miembro de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB refirió “además de acompañar al pueblo es mostrar que el objeto del gobierno es enriquecer cada día más las multinacionales, de las cuales también hacen parte los dirigentes colombianos”.
La protesta ha completado más de ocho horas en la que se han congregado más de 20 mil ciudadanos, que creen que las políticas neoliberales del gobierno, están llevando al país al caos, con la privatización de los servicios “públicos”, de la educación, de la salud y el mal manejo del sistema económico del país que este año le dejó a los trabajadores un aumento en el salario demasiado mínimo, comparado con los verdaderos gastos de la canasta familiar.
Y el tema principal de la marcha, los decretos expedidos durante la emergencia social de manera improvisada y con contratos ilegales del Ministerio de la Protección Social, fueron nuevamente criticados y rechazados por los trabajadores quienes aseguraron en general que es el fin de la salud pública en el país y que no se puede dejar de dar la pelea para que el país no pierda un derecho fundamental.
También se anunció que la vigilia nacional realizada por ANTHOC la última semana de enero y justa antes del fin de la emergencia social, será repetida por todos los sectores el próximo 5 de marzo, para orar por todos los colombianos.

En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.

Hace tiempo que se disputa la relación entre pobreza y violencia en todo el mundo, y en Colombia con más veras. Basta repasar la saga intelectual sobre el asunto desarrollado por la estirpe de los violentólogos que los hay de derecha y de izquierda. Ésta marchó en paralelo con la trágica descendencia de los Buendía que globalizó Gabriel García Márquez con el éxito literario de Cien años de soledad.

Cuando la seguridad y la defensa de una nación se define como Política de Estado, se le fijan los propósitos y metas, la estrategia y la táctica operativa, los planes y programas institucionales y, no importa cual sea el gobernante de turno, la política debe marchar adelante en el cumplimiento de sus postulados generales.

El Presidente de la Universidad de Georgetown tiene el agrado de informar a su distinguida clientela, formada por dictadores, genocidas, violadores de derechos humanos, terroristas de Estado, torturadores y periodistas (por aquello de ser sicarios de pluma y micrófono) de empresas como CNN, RCN, Caracol, Globovisión, Clarín, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Tiempo, Fox News y otros cuya lista se me haría interminable nombrar en esta ocasión, sin incurrir en injustas exclusiones, que a partir del próximo primero de septiembre se integrará a nuestra nómina académica el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como cafredrático de nuestra honorable institución.

Que los organismos internacionales dispuestos para el mantenimiento de la paz en el mundo no sean particularmente eficaces, no es un misterio para todos los que, sintonizando sus televisores sobre los noticieros de cualquier canal, se han dado cuenta que el planeta nunca ha cesado de estar en guerra.