En entrevista con uno de nuestros reporteros el presidente de ANTOCHC comentó los alcances e impactos de la Emergencia Social. Estas son sus declaraciones.
Lo primero que hay que decir es que el tema de la Emergencia Social ha generado un gran revuelo a nivel nacional, la inconformidad toca a todos los sectores de la sociedad, toca a la clase media y a los sectores populares.
A la clase media empobrecida, la Emergencia Social le ha colocado una gran cantidad de obstáculos a la prestación del servicio; además de esto, están los pagos que van a tener que hacer en los eventos que no queden contemplados en el POS, más aun cuando el Gobierno ha dicho que es un POS básico, por tanto van a ser más los procedimientos que no quedan en el POS en el régimen contributivo. Para cubrir los gastos en salud muchas personas van a tener que acudir a las cesantías, a los ahorros pensiónales, al patrimonio familiar y esto va afectar las economías de las familias.
A las capas pobres de la población ya se comenzó a sentir los impactos desde el 1 de febrero, mediante el incremento de los impuestos al chance, a la lotería, a la cerveza, repercusiones sumamente serias en diferentes sectores de la población.
Otros de los efectos de estas medidas son más graves. Los médicos se van abstener de formular a los pacientes los medicamentos que consideren adecuados cuando los medicamentos no estén contemplados en el POS. Porque si lo hacen les van a cobrar multas que tienen que pagarlas de su propio pecunío.
Además, en el caso de los médicos del sector publico, el riesgo de verse sometidos a investigaciones disciplinarias por apartarse de lo que esta establecido en la ley, en lo que se denomina los protocolos de servicio, que no son otra cosa, que barreras de acceso a los tratamientos y medicamentos colocados a través del Ministerio y de la comisión reguladora de salud.
Igualmente estos decretos van a generar una serie de problemas a los médicos, ellos van a tratar de evadir la responsabilidad como quiera que hay amenazas de demandas penales, se constituyen nuevos delitos cuando no se atiende un paciente, como en el caso de entidades que no tienen contrato con las EPS, cuando no les dan la autorización para ser atendidas en ellas o los medicamentos y tratamientos no estén en el POS y requieran primero de una autorización de las llamadas comisiones técnicas.
Por otra parte la gerencia pública hospitalaria con estas medidas queda desvirtuada, con base en el decreto 133 los hospitales fusionados quedan con solo un gerente y los hospitales ya no van a tener director gerente lo que vulnera gravemente la autonomía de estos entes. Además reforma y modifica las juntas directivas de los hospitales, juntas que eran el mecanismo de participación ciudadana, con estas medidas se aparta a muchos sectores de la comunidad, a los profesionales, a las entidades territoriales. Al tiempo que dictamina encargar a operadores externos, tercerizados totalmente la prestación de los servicios de la salud, lo que afecta a todos los trabajadores de la salud en su conjunto.
Aquí hay una arremetida contra todo el mundo, como quien dice no quieren dejar títere con cabeza, con medidas como los Decretos de la Emergencia Social, el presidente Uribe está aplicando toda su política de privatización neoliberal, no vaya que se no se le cumpla su sueño de una tercera reelección. Declaró el dirigente sindical.
En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.
Hace tiempo que se disputa la relación entre pobreza y violencia en todo el mundo, y en Colombia con más veras. Basta repasar la saga intelectual sobre el asunto desarrollado por la estirpe de los violentólogos que los hay de derecha y de izquierda. Ésta marchó en paralelo con la trágica descendencia de los Buendía que globalizó Gabriel García Márquez con el éxito literario de Cien años de soledad.
Cuando la seguridad y la defensa de una nación se define como Política de Estado, se le fijan los propósitos y metas, la estrategia y la táctica operativa, los planes y programas institucionales y, no importa cual sea el gobernante de turno, la política debe marchar adelante en el cumplimiento de sus postulados generales.
El Presidente de la Universidad de Georgetown tiene el agrado de informar a su distinguida clientela, formada por dictadores, genocidas, violadores de derechos humanos, terroristas de Estado, torturadores y periodistas (por aquello de ser sicarios de pluma y micrófono) de empresas como CNN, RCN, Caracol, Globovisión, Clarín, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Tiempo, Fox News y otros cuya lista se me haría interminable nombrar en esta ocasión, sin incurrir en injustas exclusiones, que a partir del próximo primero de septiembre se integrará a nuestra nómina académica el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como cafredrático de nuestra honorable institución.
Que los organismos internacionales dispuestos para el mantenimiento de la paz en el mundo no sean particularmente eficaces, no es un misterio para todos los que, sintonizando sus televisores sobre los noticieros de cualquier canal, se han dado cuenta que el planeta nunca ha cesado de estar en guerra.
